El presidente ecuatoriano Daniel Noboa impuso aranceles de 30% a su país vecino por considerar que el gobierno de su par, Gustavo Petro, no hace lo suficiente para frenar el narcotráfico.
La lógica de guerra comercial impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump entró de lleno en la política exterior latinoamericana la semana pasada. Ecuador y Colombia viven una crisis comercial que se extiende también a la cooperación energética y al transporte de crudo.
La guerra comercial comenzó el miércoles cuando el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, anunció desde Davos la imposición de aranceles de 30% a Colombia a partir de febrero por considerar que Bogotá no hace lo suficiente en la lucha contra el narcotráfico en la frontera común.
El Ministerio colombiano de Comercio respondió el jueves que aplicará la misma tarifa a 20 productos aún sin definir y con la posibilidad de extender la medida “a un grupo más amplio, como respuesta a la alteración de las condiciones del comercio bilateral generada por la decisión unilateral” de Noboa.
“Este gravamen no constituye una sanción ni una medida de confrontación, sino una acción correctiva orientada a restablecer el equilibrio del intercambio y a proteger el aparato productivo nacional”, añadió.
Sin mencionar directamente los aranceles, el Ministerio de Minas y Energía expidió de su lado una resolución para suspender las Transacciones Internacionales de Electricidad (TIE) entre ambos países, “como una medida preventiva orientada a proteger la soberanía y la seguridad energética” de Colombia.
Colombia vende a Ecuador principalmente energía eléctrica, medicamentos, vehículos, productos cosméticos y plásticos y le compra grasas y aceites vegetales, conservas de atún, minerales y metales, de acuerdo con gremios empresariales.
Quito y Bogotá han aceptado reunirse para desescalar la crisis, pero no han anunciado la fecha del encuentro.
Colombia y Ecuador comparten una línea fronteriza de 600 kilómetros desde el Pacífico hasta la selva de la Amazonía, donde operan guerrillas colombianas y organizaciones binacionales dedicadas al tráfico de drogas, de armas y a la minería ilegal.
En orillas políticas opuestas, pero socios comerciales importantes en la región, Noboa y Petro chocan con frecuencia.
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Ecuador quiere estar “un paso adelante” de las mafias de precursores químicos para la producción de fentanilo, en medio de una ofensiva para doblegar al narco.
El país aliado de Washington teme ser impactado por este potente opioide producido en gran parte en México, con precursores químicos procedentes de China.
En Ecuador “queremos dar un paso adelante a cualquier situación o a cualquier deseo mal intencionado” de “las redes internacionales que se dedican al traslado de precursores químicos por nuestro país”, dijo el viceministro de Seguridad Pública, Jorge Rivadeneira a la AFP.
Las alarmas están encendidas. El fin de semana la policía ecuatoriana incautó en la provincia de Carchi, fronteriza con Colombia, 10,000 frascos de ketamina, un poderoso anestésico usado en la producción de drogas sintéticas.
El cargamento iba escondido en bloques usados para la construcción. Su origen era Perú y el destino Colombia.
Los hallazgos de precursores químicos usados para drogas sintéticas todavía son incipientes en Ecuador, apuntó el viceministro, un coronel en servicio pasivo.
Por esa razón “lo que queremos es blindar a nuestro país de este tipo de avance de bandas internacionales”, agregó y pidió la “colaboración de los países vecinos”.
La semana pasada el presidente Daniel Noboa reclamó en X “la falta de reciprocidad” y “acciones firmes” por parte de Colombia para enfrentar a narcotraficantes que operan en ambos lados de la frontera.
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De acuerdo con el exdirector de la policía colombiana Jorge Luis Vargas, los mercados criminales de Oriente pretenden “aprovechar cualquier debilidad, especialmente en América” para llevar los precursores hasta laboratorios ubicados “en México y en otros países de Centroamérica”.
Por Ecuador circula un 70% de la droga que sale de sus vecinos Colombia y Perú, los mayores productores de cocaína del mundo. Esto ha desatado en los últimos años una sangrienta guerra entre grupos criminales que deja una tasa récord de homicidios en el país.
Pese a las políticas de mano dura de Noboa, la violencia narco crece en Ecuador y deja un récord de 52 asesinatos por cada 100,000 habitantes en 2025, de acuerdo con el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.
Las consecuencias de la guerra comercial que emprendió contra Colombia puede ser muy altas para Ecuador.
Ecuador ha sufrido intensas sequías que llevaron en 2024 a prolongados cortes de electricidad, en un país donde el 70% de la energía eléctrica depende de la generación hídrica.
Colombia ha abastecido en distintas ocasiones a Ecuador, con 17 millones de habitantes y un déficit energético de 1,000 MW.
“Espero que el Ecuador haya agradecido, el que cuando se nos necesitó, acudimos solidarios con la energía”, había anticipado el presidente Gustavo Petro el miércoles, en referencia a la peor sequía que atravesó su vecino en 60 años.
Ambos países pierden con este escenario, pero las consecuencias afectarían más a Ecuador que a Colombia.
El tema energético “puede paralizar al país. (…) Colombia puede perder muchos millones de dólares con las exportaciones que no se hagan a Ecuador, pero al final del día, el costo va a ser para esos sectores productivos. En cambio, la electricidad es algo transversal”, dijo Alberto Acosta Burneo, analista económico del Grupo Spurrier, a la AFP.
Ecuador aumentó de tres a 30 dólares la tarifa del transporte de petróleo de Colombia por su oleoducto, en medio de una guerra arancelaria.
“Hicimos un cambio en el valor de la tarifa” aplicada a la estatal colombiana Ecopetrol por el uso del Sistema del Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), de propiedad de Ecuador, dijo la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, y agregó que “en vez de tres dólares son 30” por barril.
El SOTE transportó casi 10.300 barriles por día (bd) de petróleo colombiano, de empresas privadas y Ecopetrol, en noviembre pasado, de acuerdo con el portal electrónico Primicias.
El jueves pasado, Manzano anunció que su país impondría nuevas tarifas al transporte de crudo colombiano por el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) en “reciprocidad” a la decisión de Bogotá de suspender la venta de electricidad.
Sin embargo, este lunes, la ministra precisó que el transporte por ese ducto es un acuerdo entre privados, sin precisar si habrá aumentos o no.
