La Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo una demanda de amparo sobre la reparación del daño por el desplazamiento forzado, consecuencia de la matanza de Acteal en 1997.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ejerció su facultad de atracción en una solicitud de amparo para revisar el caso sobre el desplazamiento forzado de 308 indígenas tzotziles, ocurrido tras la matanza de Acteal, municipio de Chenalhó, Chiapas, el 22 de diciembre de 1997.
A partir de esta decisión, la Corte analizará si el Estado mexicano debe reparar el daño a las personas indígenas sobrevivientes de la masacre, con lo que se podría fijar un criterio sobre el derecho a no ser víctima de desplazamiento forzado interno, con base en el artículo 22.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
A propuesta del ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, la atracción del amparo obtuvo siete votos a favor y dos en contra de las ministras Yasmín Esquivel Mossa y María Estela Ríos González.
Ahora, este asunto será turnado a un ministro, quien propondrá un proyecto de sentencia ante el Pleno, en donde se analizarán los alcances de las sentencias de amparo, así como las obligaciones de las autoridades de los tres niveles de gobierno frente a los desplazamientos forzados.
Estados
Este caso deriva de un amparo presentado por 308 indígenas tzotziles de 12 comunidades de los Altos de Chiapas, quienes sobrevivieron a la matanza de 45 personas integrantes de la organización Las Abejas, por un grupo paramilitar, en diciembre de 1997.
El amparo lo presentó Manuel Méndez Paciencia, cuya esposa Marcela y sus dos hijos, Lucía y Vicente, fueron asesinados ese día. Además incendiaron su vivienda, lo que lo obligó a huir de su comunidad.
El 2 de marzo de 2005, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió, impulsado persistencia de Las Abejas y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.
El organismo concluyó que en aquellos hechos se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, enmarcados por un contexto de impunidad. Asimismo señaló la responsabilidad del Estado mexicano.
El 2 de marzo de 2005, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió el caso gracias a la persistencia de Las Abejas y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, y señaló que en este se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, impunidad y responsabilidad del Estado mexicano.
El caso de Acteal expone los alcances de la violencia. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la violencia que siguió a la matanza hace casi 30 años obligó al desplazamiento de poco más de 2,500 personas en aquel momento.
Actualmente, la problemática del desplazamiento forzado por violencia continúa. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública estimó que más de 248,360 familias se vieron obligadas a abandonar sus residencia en 2024, para protegerse de la delinciencia.
Además, organizaciones como el Observatorio de Desplazamiento Interno y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana estiman que entre 26,000 y 28,000 desplazamientos de personas fueron a raíz de eventos masivos de violencia.
Entre los estados donde se registró el mayor número de personas desplazadas están Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Tamaulipas, Zacatecas, Jalisco, Sinaloa y Veracrúz, Durango y Nayarit.
A pesar de que se ha reconocido la gravedad de la problemática del desplazamiento forzado en el país aún no se articula una política pública que pueda atenderlo de manera integral.
Según datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados a nivel estatal, actualmente solo existen cinco estados Chiapas, Guerrero, Sinaloa, Zacatecas y Oaxaca, que cuentan con una ley para atender esta problemática.
