El presidente de Grupo Salinas afirmó que expuso ante la CIDH lo que considera una persecución política por parte del Gobierno de México.
El empresario Ricardo Salinas Pliego sostuvo este martes 13 de enero una reunión con autoridades de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para expresar su inconformidad por el adeudo millonario en impuestos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) han validado en su contra.
A través de sus redes sociales, el fundador de TV Azteca y presidente de Grupo Salinas informó, mediante un video, que sostuvo una reunión con Pedro Vaca, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, con quien habló sobre lo que considera una persecución política en su contra. El encuentro tuvo lugar en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
El empresario se reunió con Pedro Vaca, relator especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para presentar un expediente con pruebas de lo que describe como un “acoso sistemático” por parte del Estado: persecución fiscal, judicial y administrativa destinada… pic.twitter.com/LkKEgCBQcK
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January 13, 2026
“Me invitaron para escucharme y recibir un expediente con pruebas de lo que Grupo Salinas y yo estamos viviendo, un acoso sistemático por parte del Gobierno de México: persecución fiscal, judicial y administrativa, coordinada para intimidar, desgastar y callar a quienes pensamos distinto y levantamos la voz”, indicó el empresario, dueño de compañías como Elektra y Totalplay.
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Salinas Pliego sostuvo que, a su juicio, el caso no se limita a su situación personal. “Lo que al pueblo mexicano y sobre todo a los empresarios les debe quedar claro es que no se trata solo de un ataque contra mi persona. Se trata de sentar un precedente peligrosísimo: el uso del Estado y el crimen organizado como arma para castigar a los opositores políticos y restringir la libertad de expresión”, afirmó.
El empresario presentó el expediente, el cual deberá ser analizado por la institución para determinar si procede o no su admisión dentro de la CIDH. Hasta el momento, el Gobierno de México no se ha pronunciado sobre esta nueva acción legal emprendida por el empresario.
La defensa de la libertad en México y el continente americano es responsabilidad de todos. Hoy, en la sede la @OEA_oficial, nuestro presidente, @RicardoBSalinas sostuvo una reunión con @PVacaV, relator especial para la Libertad de Expresión de ese organismo, en la que presentó… pic.twitter.com/6hMrcvRwtQ
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January 13, 2026
Ricardo Salinas Pliego enfrenta un frente fiscal de gran magnitud que marcará el corto plazo de su conglomerado empresarial. El SAT prevé que en enero de 2026 el empresario sea requerido para cubrir 51,000 millones de pesos por adeudos fiscales, principalmente relacionados con el Impuesto Sobre la Renta (ISR), además de actualizaciones, recargos y multas.
La autoridad fiscal ha señalado que, si el pago se realiza conforme a la ley, existe la posibilidad de solicitar reducciones de hasta 39%, de acuerdo con lo establecido en el Código Fiscal de la Federación.
El conflicto se origina en resoluciones judiciales emitidas en noviembre pasado, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que TV Azteca y Elektra adeudan 48,326 millones de pesos por ejercicios fiscales correspondientes a los años 2008 a 2015. A esto se suma un adeudo adicional de más de 67 millones de pesos por parte de Nueva Elektra del Milenio.
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Tras el fallo en su contra y el anuncio del SAT de que procedería con el cobro, Salinas Pliego informó que llevaría su caso hasta instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Tanto el SAT como el gobierno federal han insistido en que se trata de un proceso legal y administrativo, sin motivaciones políticas. Sin embargo, el caso se desarrolla en un contexto de confrontación pública entre Salinas Pliego y la presidenta Claudia Sheinbaum, con cruces de declaraciones.
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Además, el empresario ha planteado públicamente la posibilidad de buscar una candidatura presidencial en 2030, lo que ha añadido una dimensión política al debate público en torno a sus disputas fiscales, aunque las autoridades reiteran que el fondo del asunto es estrictamente jurídico.
