Este domingo, 99.7 millones pueden votar para elegir a jueces, magistrados y ministros, aunque los electores enfrentarán la complejidad de las boletas y el desconocimiento de los candidatos.
México va a las urnas este domingo para elegir a sus juzgadores , un ejercicio inédito que estuvo plagado de obstáculos y tropiezos nunca vistos: cientos de litigios y desacatos, crisis constitucional, paro de trabajadores judiciales, denuncias internacionales, austeridad forzada y hasta la aplicación de un nuevo modelo de elección.
Casi 100 millones de mexicanos pueden acudir a las urnas, donde se enfrentarán a otros problemas asociados a la Reforma Judicial: la dificultad para votar entre tantas boletas, el desconocimiento de los candidatos y el desinterés ciudadano que, según especialistas, augura que serán los comicios federales más desairados de la historia.
Susana Camacho, coordinadora del programa de justicia de la organización México Evalúa, resume en una frase cómo llega México a esta primera elección judicial: “todo ha sido una cadena de errores que inició desde el Congreso y nos tiene hoy aquí”.
En entrevista con Expansión Política, observa que el “largo camino” para llegar a esta elección también incluyó atropello de derechos humanos de los trabajadores judiciales, violaciones al procedimiento legislativo y recorte al presupuesto para organizar la elección,
“Y ahora vemos que también en el diseño de la elección hay fallas que no permiten equidad en la competencia”, alerta Camacho.
Luis Fernández, de Práctica: Laboratorio para la Democracia, sostiene que lo más lamentable es que ya no hay reversa, lamenta que se haya puesto la política por encima de la justicia, el Estado de Derecho y la legalidad.
Sin importar el número de personas que salgan a votar la elección para bien o para mal se considerará un triunfo político para esta administración. Y es triste porque es un triunfo político sobre el Estado de Derecho”
Luis Fernández, Laboratorio para la Democracia.
Prácticamente todo el torno a la elección judicial ha sido tan polémico, como inédito. Son tantas y tan complejas las boletas de la elección debido al número de cargos a elegir, que se llegó a lo impensable: tener que “practicar” el voto para entender la dinámica.
El Instituto Nacional Electoral (INE) incluso creó un “simulador” digital, pero grupos políticos lo aprovecharon para hacer “acordeones” y tratar de inducir el voto , práctica que ya está en investigación ante la posible comisión de delitos electorales.
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Ocho meses antes del cierre de su sexenio, el 5 de febrero de 2024, el expresidente Andrés Manuel López Obrador envió la iniciativa de Reforma Judicial a la Cámara de Diputados; durante meses no prosperó, aunque fue enarbolada como oferta de campaña de la entonces candidata de Morena a la presidencia, Claudia Sheinbaum.
Tras su triunfo, y ya amarrada prácticamente la mayoría legislativa en ambas cámaras, la reforma se concretó pese a las movilizaciones de trabajadores del Poder Judicial , que salieron a las calles masivamente acompañados por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED).
CIUDAD DE MÉXICO, 19AGOSTO2024.- Trabajadores del Poder Judicial de la Federación han iniciado un paro de labores en las diferentes sedes de este organismo esto en protesta de la llamada Reforma al Poder Judicial que promueve el Poder Ejecutivo y la cual se pretende aprobar en este mes de septiembre. Aunque la sede el Edificio de San Lázaro del PJF hubo un mitin afuera hay acceso para que se atiendan casos urgentes, según lo precisaron. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM
(Moisés Pablo Nava)
Como parte de la aprobación de la iniciativa de AMLO, legisladores sesionaran en sedes alternas, hubo “traiciones” políticas, “chapulineo” entre bancadas y hasta supuestos chantajes a senadores.
El senador del PAN Miguel Ángel Yunes Márquez dio el voto que faltaba a Morena con el que se consiguió la mayoría calificada para aprobar la Reforma Judicial.
(Foto: Cuartoscuro)
La reforma constitucional pasó fast-track en los congresos locales . Hoy, siete meses después, toda esa escaramuza en el Congreso y la movilización en las calles quedaron como anécdota, pues nada ni nadie logró detenerla, ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Al tiempo que se discutía y aprobaba la reforma se interpusieron cientos de demandas en contra de la elección judicial; la alta litigiosidad continuó durante la organización de los comicios y la selección de los candidatos.
Entre el 7 y el 11 de octubre se presentaron cuatro acciones de inconstitucionalidad, pero la Suprema Corte no pudo pronunciarse de fondo.
El 5 de noviembre solo las desestimó, pues con cuatro ministros -tres afines a Morena- que consideraron que la Corte no tiene facultades para revisar la Constitución, no se alcanzaron los ocho votos necesarios para invalidar la reforma.
En esos recursos y cientos de amparos se alegaron violaciones al proceso legislativo, el aval exprés en los congresos estatales, la promulgación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), vulneración a derechos, así como la extinción de fideicomisos que financian prestaciones y retiros del personal judicial.
El reclamo de fondo fue la violación a la independencia del Poder Judicial y a la garantía de inamovilidad de los juzgadores; solo queda un caso por resolver en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Esta resolución, sin embargo, podría tardar años. Sin embargo, la parte demandante, la JUFED, sostiene que sus reclamos siguen vigentes, como por ejemplo que “la elección judicial es un golpe de Estado técnico”
“La propia Corte Interamericana ha sostenido, en su jurisprudencia, que cuando el Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo y el Legislativo se coordinan para reducir o eliminar la independencia del Poder Judicial, se configura la ruptura del orden constitucional”, expresó la organización al cierre del periodo de campañas judiciales.
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En medio de toda esa cascada de litigios hubo una resolución clave: la orden judicial a la presidenta Sheinbaum de eliminar la publicación del decreto de reforma judicial del Diario Oficial de la Federación (DOF).
En respuesta, la mandataria amagó con denunciar a la jueza responsable, Nancy Juárez Salas, ante el Consejo de la Judicatura, pero entonces el sector judicial, siempre reacio a la aparición pública y al debate con el Ejecutivo, inició el 21 de octubre sus propias “mañaneras” para responder a la mandataria, quien públicamente anunció que no cumpliría la orden judicial.
Por esa exposición mediática fue posible conocer que, también de forma nunca antes vista, no solo la Presidencia, sino también el Senado, la Cámara de Diputados, los Congresos y más de 20 autoridades incurrieron en desacatos.
Todos los representantes de esos órganos del Estado simplemente ignoraron a los jueces.
Eso llevó a una crisis constitucional reconocida así por destacados juristas como Miguel Carbonell, quien por esas fechas dibujó así la situación: “No estamos en víspera de una crisis constitucional, ya estamos adentro (…) no habíamos visto que se dejaran de atender suspensiones dictadas por más de 70 jueces a todo o largo y ancho del país”.
Congreso
Tanto el Consejo de la Judicatura (CJF) como en el Senado recibieron orden judicial de no seguir con la elección: al primero para no entregar información sobre las vacantes a cubrir y a la Cámara Alta para que no emitiera la convocatoria a elección y no realizara la “tómbola” de cargos a elegir.
También el Poder Ejecutivo y el Judicial recibieron órdenes judiciales para no integrar los comités de evaluación, o bien, detener la selección de aspirantes.
Sin embargo, nada de eso se detuvo. El INE fue la única institución del Estado que combatió jurídicamente las órdenes judiciales de no realizar ninguna actividad relacionada con la elección y, aunque declaró iniciado el proceso, se mantuvo en impasse, a la espera de una resolución.
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El 20 de noviembre reanudó tareas tras una “acción declarativa” de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pero el retraso ya era de 50 días en la organización del proceso.
Los trabajos organizativos reiniciaron, aunque el INE admitió que al 21 de octubre había 284 amparos contra la reforma al Poder Judicial, decenas de suspensiones definitivas y provisionales y 60 juicios pendientes en el TEPJF.
Todo eso se hizo a un lado con la sentencia del Tribunal, pese a los amagos judiciales de multa o cárcel, un elemento más que se sumó a lo inédito en el marco de procesos electorales.
Hasta el 18 de diciembre, los 11 consejeros acumularon tres multas cada uno, por 162,855 pesos y denuncias por desacato ante la Fiscalía General de la República (FGR), pues esas fueron las medidas de apremio con las que los jueces intentaron hacer cumplir las suspensiones dictadas.
La litigiosidad de la elección se refleja en que, tan solo del 15 de septiembre al 20 de noviembre, el INE estimó 1,438 amparos tramitados contra la reforma y contra la elección judicial.
Meses después, el 13 de febrero de este año, el pleno de la SJCN analizó controversias del Senado y el INE para analizar el alud de amparos y concluyó que sí hubo desacatos, aunque también se admitió que una parte de las resoluciones se dictaron sin tener atribuciones para conceder suspensiones en materia electoral.
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El “regaño” de los ministros se extendió a los magistrados del Tribunal Electoral, pues al resolver que la elección judicial debía proseguir interfirieron en la independencia de los jueces de amparo sin tener atribuciones para pronunciarse sobre la validez de sus suspensiones.
En esas fechas, el pleno de la SCJN ordenó a los jueces revocar las resoluciones con las que buscaron frenar la reforma, lo que comenzó a destrabar el camino a la elección.
La vía para que prosperara el proceso electoral judicial quedó libre, pese a que aún hay suspensiones vigentes.
Hoy nos dieron la suspensión definitiva contra la Reforma Judicial.Esta suspensión ordena detener la implementación de toda la reforma:1. Detiene el despido masivo de jueces y magistrados.Ni uno solo podrá ser removido de su puesto. Esto los protege, entre otras cosas,… pic.twitter.com/CmqF1TVWsm
— Miguel Alfonso Meza (@MiguelMezaC)
October 18, 2024
Tania Ramírez, de la Asociación Civil Disentir, sitúa justo en esta etapa las decisiones que han llevado a la elección judicial a problemas organizativos, de equidad en la competencia y de certeza en los resultados.
Esto, porque además de que no prosperó ningún amparo, se desestimaron todas las vías jurídicas que buscaron matizar el alcance de la elección, por ejemplo, posponer el proceso para dar más tiempo a la implementación de la reforma, o dar los recursos indispensables para dotarlo de los estándares de una elección de cargos legislativos y de gobierno.
Eso fue la peor decisión, pues obligó a ir contra el tiempo e improvisar. Lo peor de todo ha sido la prisa con la que se ha hecho todo”.
Tania Ramírez, asociación Disentir.
“Tenemos enfrente una organización electoral atípica: los ciudadanos no van a contar los votos, serán los funcionarios y en distritos; no se invalidarán las boletas que no sean utilizadas; los resultados tardaran varios días… se suma que el INE todavía emitió reglas de campaña a 15 días de que concluyeran y además la presión a la que se le sometió llevó al diseño de boletas con errores”, agrega la especialista.
Así, superado el plano legal, comenzaron las dificultades operativas para llevarla a cabo.
Una fue la falta de recursos, pues el 10 de diciembre la Cámara de Diputados recortó al INE 13,476 millones de pesos de su solicitud de gasto, prácticamente la totalidad de lo que el organismo calculó que costaría la elección judicial: 13,205 millones de pesos.
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El recorte obligó al INE a hacer economías y a pedir al menos una ampliación de 1,511 millones de pesos, pero sólo le concedieron 800 millones de pesos adicionales.
Aún hoy mantiene 56 proyectos con cero pesos, 17 ya cancelados y ha tenido que emitir al menos 10 acuerdos para reasignar recursos de una a otra actividad para poder salir avante.
Obligado por las circunstancias, el INE tuvo que cambiar el modelo electoral aplicado desde 1997.
Arturo Espinosa Silis, director del Laboratorio Electoral, considera que dejar al INE sin recursos y sin tiempo dejó marcada la elección.
“Nunca se había hecho una elección judicial de este alcance en el mundo. Quienes propusieron la reforma ponen como ejemplo a Bolivia, donde se elige a 26 jueces, o a Estados Unidos, donde se eligen solo en algunos estados y jueces menores, nosotros vamos por 881 solo en el nivel federal”, subraya.
“Fuimos a las prisas, vamos a partir de la improvisación, dando tumbos. Ahora “el INE está haciendo lo que puede con lo que tiene”.
Arturo Espinosa Silis, director de Laboratorio Electoral.
Además de recortar la mitad las mesas de votación y generar un nuevo modelo de casillas seccionales, debido al poco tiempo para planear y la cantidad de cargos a elegir, se generó una geografía electoral que traerá como consecuencia a que algunos cargos de carácter nacional sean electos solo por unos cuantos ciudadanos de la Ciudad de México.
Otras decisiones fueron avalar boletas donde se emitirán varios votos y no invalidar en casillas las boletas no utilizadas.
“Si la participación fuera de 30%, al cierre de la votación los funcionarios de casilla tendrían que cancelar 9,000 boletas porque son las que no se usan. Más o menos el cálculo del INE, y ahí sí pues el INE es el experto, es que cancelar 300 boletas les toma una hora ¿Cuánto les tomará cancelar 9,000 boletas?”, señala Espinosa.
El resultado conduciría a 30 horas solamente para garantizar que las boletas de quienes no fueron a votar no sean usadas ilegalmente.
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Otras diferencias con las elecciones anteriores son el número de boletas, cargos a elegir y quién las contará.
En 2024 se eligieron seis cargos en entidades con elección federal y local. Ahora, cada elector tendrá que decidir entre 37 y 160 cargos en un promedio de 9 y hasta 13 boletas. Así, un ciudadano votará por cerca de 26 cargos más de lo que está acostumbrado en una elección.
Y las cifras -de candidatos y boletas- se multiplican en 19 entidades donde habrá elección judicial local. El mayor problema se identifica en Zacatecas y San Luis Potosí, donde además no se dotó de recursos para financiar sus comicios.
Por eso la complicación estará en los cómputos (conteo de votos), los cuales se llevarán a cabo en los Consejos Distritales del INE.
“Como tenemos estas boletas tan complicadas, el tiempo que se iban a tardar en hacer los cómputos (en casillas) y la cantidad de errores, los llevó a usar otro mecanismo. Que sea el mejor, desde luego no es el mejor probablemente, pero también son parte de las condiciones de esta elección”, comenta Espinosa.
La consejera del INE, Dania Ravel, reveló a Expansión Política que realizar el cómputo en casillas -a cargo de ciudadanos- hubiera llevado casi dos días y medio ininterrumpidos.
“Hicimos simulacros para ver cuánto se tardaría el funcionariado haciendo este ejercicio y llegamos a que se podría tardar 58 horas consecutivas, sin descanso, sin dormir, sin ir a comer, sin ir al baño, absolutamente nada. Entonces, bueno, pues era imposible que se pudiera hacer este trabajo en las casillas y por eso se trasladó a los consejos distritales”, comentó.
A los litigios y los problemas de organización se sumó la presión del tiempo, pues la misma reforma constitucional fijó plazos cortos que resultaron insuficientes y el Tribunal Electoral dio carta abierta a todo, en aras de garantizar que la elección se realizara.
Tras la recepción de solicitudes de registro y la supuesta revisión que los Comités de Evaluación de los poderes Ejecutivo y Legislativo –el Judicial se desistió– realizaron para verificar cumplimiento de requisitos de ley e idoneidad, el INE halló errores y deficiencias en el trabajo.
Encontró, por ejemplo, 1,417 candidaturas sin datos de la CURP e INE, sin indicar los cargos a los que fueron postulados, fechas de nacimiento incorrectas, nombres repetidos o espacios vacíos.
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Además, decenas de juicios político electorales llegaron al Tribunal Electoral para impugnar que los Comités eliminaron candidaturas sin justificación, pese a salir en el sorteo; que por error se asignaron cargos por el que no se competía; que serán electos por un distrito judicial distinto al que pertenecen, o que candidatos no podrán votar ni por sí mismos.
Tres de cinco magistrados rechazaron prácticamente todos los juicios en automático y privilegiaron los plazos para la elección, por encima de los derechos ciudadanos a ser votados.
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El 30 de marzo iniciaron las campañas judiciales, también con un marco reglamentario totalmente nuevo, pues los candidatos solo debieron usar su dinero.
La Constitución les prohibió realizar mítines, tener propaganda más allá de la impresa, pagar publicidad para potenciar redes sociales y acudir a foros y debates donde no fueran convocados todos o la mayoría de los contendientes, regla que cambió hace apenas dos semanas.
Esta es la primera elección en la que el órgano electoral no registra a los candidatos y eso explotó al revelarse perfiles cuestionados por sus antecedentes penales, vinculados con violencia contra las mujeres o señalados por delitos como corrupción, fraude o por ser abogados de narcotraficantes, pero que ahora buscan ser quienes impartan justicia.
Hace casi un año, el 19 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó una encuesta según la cual el 80% de los ciudadanos estaba a favor de la reforma al Poder Judicial y de la elección en urnas de los ministros de la SCJN.
Este domingo se conocerá cuánta gente participa en la elección judicial, aunque los resultados se darán en los próximos días y de manera escalonada, según el cargo.
