Un año después de la reelección de Nicolás Maduro como presidente, en medio de cuestionamientos, la situación del país sudamericano es todavía más grave para la población.
Venezuela lleva más de una década con una situación complicada, pero en los últimos 12 meses muchos de los problemas de este país sudamericano se han agudizado, especialmente tras las cuestionadas elecciones del 28 de julio de 2024, que dieron como ganador a Nicolás Maduro y cuyos resultados la oposición desconoce.
El régimen chavista aumentó su represión contra la oposición y contra cualquier forma de disenso, mientras lleva a cabo una transformación del Estado en contra de la Constitución. La presión en el exterior también aumentó, especialmente desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, en enero de este año, y quien retomó el tono duro hacia Venezuela que caracterizó su primer mandato.
“Entre julio de 2024 y julio de 2025 se consolidó un patrón de represión estatal dirigido a inhibir la participación política y fortalecer el control autoritario del poder”, indica un informe de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
Algunas de las acciones represivas del régimen chavista incluyen detenciones arbitrarias; incluso de familiares de dirigentes opositores, allanamientos ilegales, desapariciones forzadas y hostigamiento judicial, además de muertes bajo custodia de presos políticos.
Internacional
Nicolás Maduro y su gobierno implementaron una política de represión contra los miembros de la oposición, encabezada por María Corina Machado, pero también contra ciudadanos de a pie que manifestaran algún tipo de inconformidad con la administración o bien, con los resultados de las elecciones presidenciales del año pasado.
Después de que Consejo Nacional Electoral (CNE) anunciara el triunfo de Maduro, a pesar de que las actas recolectadas por la oposición mostraban un resultado diferente, las protestas estallaron en varias ciudades de Venezuela.
La organización de derechos humanos Provea, citada por WOLA, indica que entre el 29 y el 30 de julio, se registraron 915 protestas en 20 estados; 138 de ellas fueron reprimidas y hubo presencia de colectivos armados en 119.
podcast
ver más
El gobierno reconoce que 25 personas murieron durante las protestas y 2,400 detenciones.
Como parte de las detenciones masivas, se arrestaron al menos 142 menores de edad y 180 mujeres, 16 personas con discapacidad y 5 personas indígenas, un patrón no visto anteriormente en Venezuela.
“La sola existencia de un mensaje o fotografía en un celular, que indicasen apoyo a la oposición, era suficiente para incriminar a una persona. En ese momento inmediatamente posterior a la elección, la represión fue masiva y generalizada”, indica el informe.
La represión también llegó al espacio digital. El gobierno venezolano ordenó el bloqueo de YouTube, TikTok y Twitter, así como de VPN que permiten evadir la censura.
Las autoridades enmarcaron esta serie de violaciones de derechos humanos en lo que se conoce como “Operación Tun-Tun”, que consistió en allanamientos, detenciones sin orden judicial y desapariciones forzadas. De acuerdo con WOLA, esto constituyó una “institucionalización del terror”.
La mayoría de las personas detenidas en el marco de esta operación provenían de barrios populares y fueron identificadas por las fuerzas de seguridad tras la obtención de vídeos o fotografías o por la delación de personas afines al gobierno, indica la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas sobre Venezuela.
México
Mercados
México
A esto se suma un cierre de la sociedad civil. De acuerdo con el informe de WOLA, organizaciones de la sociedad civil enfrentan cancelaciones arbitrarias de personería jurídica, fiscalizaciones abusivas y campañas de estigmatización.
“La sociedad civil venezolana se encuentra actualmente sometida a una intensa persecución. Los activistas son hostigados y encarcelados, y una serie de leyes cada vez más draconianas contra las ONG y, de hecho, contra cualquier forma de disidencia que el gobierno califica de ‘fascismo’, ponen en peligro incluso su existencia”, explica por su parte Phil Gunson, analista senior para la región andina del International Crisis Group.
En paralelo, el gobierno de Maduro promueve el llamado Estado Comunal, un modelo político que, bajo el discurso de una “democracia protagónica”, sustituye el orden constitucional por estructuras de poder local centralizadas.
Juristas expertos advierten sobre la inconstitucionalidad del Estado Comunal, pues vulnera la Constitución al crear entidades políticas que restan competencias a municipios y estados, o les atribuyen funciones sin garantizar autonomía, descentralización ni pluralismo.
“La intención de reformar la Constitución bajo estas premisas representa una amenaza directa al modelo democrático y a la separación de poderes”, asegura el informe de WOLA.
Este no es el primer intento de reformar la Constitución para formalizar el Estado Comunal, en 2007 Chávez promovió una reforma similar mediante un referéndum que terminó siendo rechazado contundentemente.
Quizás el aspecto más controversial de esta reforma sea la intención, más explícita tras las elecciones, de crear un sistema electoral completamente distinto, basado en las comunas.
“Los venezolanos rechazaron por un estrecho margen una propuesta de reforma constitucional similar durante el auge de la popularidad de Chávez en 2007, y Maduro podría enfrentar oposición incluso dentro de sus propias filas”, señala Gunson, de Crisis Group.
El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca generó especulaciones sobre si habría una vuelta a la política conocida como de “máxima presión” de su primer mandato o si, por el contrario, tendría un enfoque más transaccional o pragmático.
“Hay razones para creer que hay posturas distintas sobre Venezuela dentro de la administración de Trump e intereses que compiten: por un lado, la necesidad de contener la migración y lograr que Venezuela reciba de manera ininterrumpida vuelos de deportación, y por otro lado contrarrestar un gobierno autoritario con vínculos políticos y económicos opuestos a los intereses de Estados Unidos”, dice el informe de WOLA.
Al 18 de julio de 2025, Venezuela había recibido 43 vuelos de deportación de personas provenientes de Estados Unidos o México, que sumaban casi 8,500 personas, entre ellas al menos 1,000 menores de edad.
Sin embargo, parece que la máxima presión contra Maduro gana terreno.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desplegó tres buques de guerra cerca de las costas de Venezuela como parte de sus esfuerzos para combatir el tráfico de drogas, indicó una fuente familiarizada con la operación el miércoles.
La prensa estadounidense reportó que Washington también planeaba enviar unos 4.000 marines.
Washington desconoce las dos últimas reelecciones presidenciales de Maduro y le acusa de encabezar el llamado Cartel de los Soles, que considera una organización criminal.
El 7 de agosto, el gobierno de Trump aumentó a 50 millones de dólares la recompensa por “información que conduzca al arresto” del presidente de Venezuela Nicolás Maduro, a quien acusa de colaborar con organizaciones de narcotráfico y de haber “estrangulado la democracia”.
“Es uno de los narcotraficantes más grandes del mundo y una amenaza para nuestra seguridad nacional”, acusó la fiscal general Pam Bondi en un vídeo subido a su cuenta de la red social X.
La Casa Blanca acusa al chavismo de mover los hilos de la banda criminal Tren de Aragua, declarada por Washington organización “terrorista” global, lo que no le ha impedido enviar a emisarios a negociar con altos cargos venezolanos la liberación de estadounidenses detenidos en Venezuela.
La líder de la oposición, María Corina Machado, “ ha estado promoviendo con entusiasmo la tesis de que el gobierno de Maduro es un cartel criminal que ‘vació sus cárceles’ y envió a pandilleros del Tren de Aragua a sembrar el caos en Estados Unidos”, indica Gunson.
El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, reiteró el jueves de la semana pasada que el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro es “una organización criminal”.
Días después de que Washington subiera a 50 millones de dólares la recompensa por información que permita detener a Maduro, Rubio dijo que el gobierno del presidente venezolano no es “legítimo”.
“Son una organización criminal que básicamente ha tomado el control del territorio nacional de un país y que, por cierto, también amenaza a las compañías petroleras que operan legalmente en Guyana”, estimó el secretario de Estado.
La víspera, la secretaria de Justicia y fiscal general Pam Bondi también había vuelto a cargar contra Maduro.
“Hay un puente aéreo donde el régimen venezolano paga para tener libre acceso al espacio aéreo sin ser detectado, a Honduras, luego a Guatemala y a México, donde pueden traficar y transportar estas drogas”, declaró en una entrevista con Fox Noticias.
“También intercambian dinero por sobornos. Intercambian armas por los puertos de entrada y el espacio aéreo para llevar estas drogas a todos estos otros países y a Estados Unidos”, añadió.
