En las compras públicas de 2025 persistieron acciones que elevan el riesgo de corrupción, como la contratación de empresas recién creadas o sancionadas, de acuerdo con un análisis de esta organización.
Las empresas que cometieron irregularidades en los procesos de compras públicas aún son contratadas por el gobierno. En 2025, las instituciones asignaron contratos por 3,792 millones de pesos a proveedores que se encuentran sancionados por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
También otorgaron contratos a compañías creadas apenas un año antes, que en conjunto sumaron 808 millones de pesos, de acuerdo con un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Las compras prosperaron a pesar de que, por sus características, esas empresas tienen un alto riesgo de corrupción. Aquellas de reciente creación pueden ser fachadas o, al menos, carecer de la experiencia suficiente en los servicios o productos para las que son contratadas.
El IMSS, IMSS Bienestar y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fueron las instituciones con los mayores montos contratados a empresas recién creadas. El ISSSTE se ubicó en la cuarta posición.
México
Esos tres organismos de salud acumularon el 57% de los 808 millones de pesos totales que el gobierno invirtió en contratos con proveedores noveles.
“La participación de empresas fantasma, recién creadas, sancionadas o en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos compromete la integridad de los procedimientos de compra pública y afecta la calidad de los bienes y servicios adquiridos”, subrayó el IMCO.
A esto se suma que el 42% de las compras gubernamentales se resolvieron a través de adjudicaciones directas, las cuales alcanzaron un monto de 344,000 millones de pesos, a pesar de que la ley considera esta forma de contratación como la última opción porque limita la competencia.
Tras analizar los procedimientos publicados en la plataforma oficial Compras MX, el IMCO concluyó que en 2025 dos de cada cinco pesos se asignaron de manera directa. En muchos contratos, además, no se difundió la justificación para esta excepción. Estos casos sumaron 21.5 millones de pesos.
“Esto compromete la adquisición de bienes y servicios por parte de las instituciones públicas y puede derivar en otros hechos de corrupción como la desviación de recursos”, advirtió el IMCO.
Mientras las compras públicas se mantienen como un sector especialmente expuesto a riesgos de corrupción, apunta la organización, el presupuesto público para las instituciones que previenen, investigan y sancionan la corrupción disminuyó: cuentan con 26% menos recursos reales que en 2018, afirma.
