La academia es una de las opciones laborales para quienes quedaron fuera del Poder Judicial, debido a las restricciones que marca la Constitución.
Tras la reforma al Poder Judicial y las elecciones del 1 de junio, cientos de juzgadores fueron despedidos, por lo que algunos ya comenzaron a dar cursos o clases en universidades, pues tienen restricciones para laborar y hasta ahora las autoridades no les han dado su liquidación con el argumento de no cuentan con recursos.
Los exjuzgadores tienen limitadas sus posibilidades de empleo debido a que, desde la Constitución, se establece que quienes fungieron como ministros, magistrados o jueces no podrán dentro de los dos años siguientes a la fecha de sus retiro, actuar como “patronos”, abogados o representantes en cualquier proceso ante el Poder Judicial de la Federación.
Tampoco pueden ejercer la abogacía en el mismo circuito judicial de su última adscripción ni ocupar cargos políticos o de elección popular, como secretario de Estado, fiscal General de la República, senador, diputado federal o gobernador estatal.
Ante ello, exjuzgadores ya comenzaron a dar cursos, como la exjueza Reyna Rodríguez, quien desde sus redes sociales promociona un curso intensivo en Derecho Laboral.
“La información la encontramos en todas partes, pero sabes qué es lo importante: quién te la da a conocer. Prepárate porque el 30 de septiembre iniciar la segunda edición del curso intensivo de derecho electoral que diseñe para ti”, invita Rodríguez desde su cuenta de X.
Iniciamos el 30 de septiembre el Curso Intensivo de Derecho Laboral. Informes al 473 152 73 50. 🫶🇲🇽🌸 pic.twitter.com/tLvAS3SPvK
— Reyna Rodriguez (@ReynaRo78488165)
September 17, 2025
Hasta hace unas semanas, Rodríguez fue jueza federal adscrita al Cuarto Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en Guanajuato, desde donde se opuso a la Reforma Judicial, pues incluso participó en manifestaciones y movilizaciones.
Aunque podía mantenerse en su cargo hasta 2027, la exjueza decidió dejar su puesto este año, tras 25 años de servicio, para no trabajar para “quienes destruyeron nuestra República”.
También está el caso del exjuez César Roberto Hernández, quien da cursos en el Instituto de Estudios y Capacitación Jurídica (Indecaj), donde capacita sobre temas como audiencia inicial, vinculación a proceso y medida cautelar.
“¿No tienes idea de la vinculación a proceso y quieres aprender los segmentos de esta parte de la audiencia inicial? Estoy contento de invitarte el curso que impartiré el 3, 6 y 7 de octubre de 8 a 10 de la noche con mis amigos de Indecaj. El curso es totalmente virtual”, promociona el exjuez de Distrito Especializado en el Sistema Penal desde sus redes sociales.
¿Estás partiendo de cero para entender cómo funciona la solicitud de vinculación a proceso y quieres aprender lo esencial?Este curso es para ti.Dirigido a estudiantes, abogados con y sin experiencia en materia penal.Incluiré estrategias avanzadas. pic.twitter.com/TbK9FuRnM7
— César Roberto Hernández Aguilar (@Derechosinrollo)
September 11, 2025
Con 10 años de carrera judicial, Hernández participó en las elecciones para juez de Distrito, pero perdió, por lo que en agosto dejó el Poder Judicial, y ahora imparte cursos y da clases, además de que comenzará a litigar.
En entrevista con Expansión Política, el exjuez César Roberto Hernández indica que lleva años dando cursos, solo que ahora la diferencia es que ya cobra por ellos, ya que antes no lo hacía porque se lo prohibía la ley.
“Ahora que dejé de ser juez digo a mis amigos que ya se acabó mi versión gratuita, porque también tengo que generar ingresos, diversificarme. Me han buscado personas para dar clases y cursos, sobre todo pensando en la capacitación porque no saben a qué se van a presentar con los nuevos jueces. Por esa razón he aceptado cursos que van enfocados a litigio”, explica.
En la misma circunstancia está el exjuez Roberto Posán Tornero, quien llevó casos como el de Armando Escárcega “El Patrón”, señalado como presunto autor intelectual del atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva.
Posán Tornero participó en las elecciones del 1 de junio para ser juez de Distrito, pero también perdió. Ahora el abogado da asesorías, consultorías jurídicas y clases.
Desde sus redes sociales, el exjuez también promociona un seminario especializado en Proceso Penal Acusatorio, impartido por el Instituto de Estudios y Capacitación Jurídica (Indecaj), el cual consta de 32 sesiones distribuidas en 64 horas.
Además, el 7 de septiembre dio un taller de Extradición Internacional y Procedimiento, Estrategias y Jurispruedencia en el Centro de Investigaciones del Sistema Acusatorio.
“Desde hace tiempo, incluso cuando tenía la función de juez, di varias clases, cursos y capacitaciones, pero con motivo a la salida, nos obligan a tomar una salida alterna; además de las clases tengo en operación dos firmas legales”, detalla en entrevista.
Otro juez que quedó fuera del Poder Judicial es Roberto Omar Paredes, quien ya planea dar clases porque aún no le pagan su indemnización. Advierte que el extinto Consejo de la Judicatura Federal dijo a los juzgadores que salieron que no hay dinero para pagarles.
Paredes comenzará a litigar en la Ciudad de México porque la ley le prohíbe que lo haga en el circuito donde fue juez, es decir, en Tamaulipas.
“Estoy buscando ingresos por mi cuenta, (…) estoy pensando dar clases en el Tec de Monterrey o a lo mejor en la Universidad Autónoma del Estado de México. La idea que tengo es no quedarme quieto: litigar, consultorías y dar clases”, explica.
México
El exjuez Faustino Gutiérrez Pérez señala que, hasta ahora, el nuevo Órgano de Administración Judicial no les ha dicho cuándo les darán su pago por indemnización que está establecida en el artículo Décimo Transitorio de la Reforma al Poder Judicial, por lo que esta semana prevén manifestarse para exigir el pago.
“No nos dicen nada. Muchos de nosotros presentamos escritos de manera grupal e individual y no nos han contestado. Nadie nos dice nada y la presidenta Claudia Sheinbaum ya dijo que va reducirle 15 mil millones al Poder Judicial y nunca han tratado el tema de pagarnos”, cuestiona el exjuez, quien también da clases en la Universidad México América del Norte.
La Reforma Judicial establece que los magistrados de Circuito y jueces de Distrito que concluyan su encargo por haber declinado su candidatura o no resultar electas para un nuevo periodo, serán acreedoras al pago de un importe equivalente a tres meses de salario integrado y de 20 días de salario por cada año de servicio prestado, así como a las demás prestaciones a que tengan derecho.
En mayo, el entonces Consejo de la Judicatura Federal (CJF) notificó a la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito que no cuentan con los recursos económicos para realizar el pago de las indemnizaciones a los juzgadores que quedaron fuera.
México
